El ministro Luis María Aguilar propuso a los miembros de la Suprema Corte la despenalización del aborto y dejar en libertad a las mujeres decidir abortar en su etapa inicial de embarazo, con lo cual se declararían inconstitucionales las leyes que criminalizan esta práctica.
En el proyecto de Aguilar que fue discutido el 6 de septiembre y tuvo un desenlace lamentable el día 07 de septiembre con la decisión de la corte a favor de la despenalización, se planteaba anular el artículo 196 del Código Penal de Coahuila que impugnó la extinta Procuraduría General de la República (PGR), la cual castiga con prisión de uno a tres años a las mujeres que abortan de manera intencional en cualquier etapa de gravidez.
“La libertad reproductiva, en su vertiente específica del derecho a decidir, implica que no corresponde al Estado conocer o evaluar las razones para continuar o interrumpir su embarazo, ya que pertenecen a la esfera de intimidad de la mujer, y que pueden ser de la más diversa índole, lo que comprende razones médicas (físicas y psicológicas), económicas, familiares, sociales, entre otras”, señala el texto propuesto.
El proyecto, para que sea aprobado, debía contar con ocho votos a favor de los once ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) – México. Luis María Aguilar, en su intento de volver justa esta propuesta, redactaba esto en el proyecto que luego fue agregado a la sentencia:
“la constitucionalización del derecho a decidir, permite sostener que no tiene cabida dentro de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Constitucional, un escenario en el cual la mujer no pueda plantearse el dilema de continuar o interrumpir su embarazo por un corto periodo de tiempo al inicio de la gestación
(…) ello equivaldría a asumir que su dignidad y autonomía personal pueden modularse y restringirse en función de supuestos basados en un constructo social que, antes que mujeres independientes, las configura como instrumentos de procreación, lo que además conllevaría una lesión de origen a su integridad psicoemocional al limitar las posibilidades en relación con su plan y proyecto de vida, e impediría alcanzar el bienestar integral en su carácter de meta permanente del derecho a la salud”.
Tanto la propuesta como la sentencia terminan siendo contradictorias con la ciencia, ya que para los jueces el procrear viene a ser una construcción social y no parte de la biología, que para este caso particular involucra a la humana.
Dentro de la propuesta y como resultado de la sentencia, el ministro Luis María Aguilar rechazó que el embrión o el feto sea titular de derechos humanos, sin embargo declinó pronunciarse sobre el momento en que inicia la vida humana, pues alega que hay múltiples opiniones al respecto que no corresponde a la Corte aclarar. Curiosamente se refiere de esta forma al hablar del embrión humano o el feto de un ser humano, como si las ideologías y postulados pseudo-científicos podrían lograr que de ambos resulte una especie distinta a la humana.
“El embrión o el feto tiene un valor inherente de la mayor relevancia por su propio peso en tanto constituye la posibilidad del nacimiento de un ser humano, por lo que ciertamente existe un interés fundamental en su preservación y desarrollo. Si bien queda claro que el embrión o feto no es titular de derechos humanos, el interés en brindar un espectro de protección se ciñe a la propia expectativa que por definición constituye”.
Finalmente la corte Suprema de Justicia de la Nación (México) aprobó este proyecto dejando indefenso al niño por nacer y perjudicando a la mujer misma, de quien no se ha considerado los daños físicos y psicológicos que el aborto conlleva. Nuevamente se ve cómo avanza la cultura de la muerte en países de latinoamérica justificando las normas en una supuesta decisión y derecho de la mujer, olvidando que el sexo del ser humano en el vientre está definido desde la fecundación, que existen dos corazones latiendo en ese momento, deshumanizando y no considerando humanos a algunos, tal cual como lo hicieron los nazis.
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